08/05/2019 – El Gobierno Valenciano discrimina y abre una brecha en la colaboración público privada para la tención a personas en situación de dependencia

El Gobierno Valenciano discrimina y abre una brecha en la colaboración público-privada para la atención a personas en situación de dependencia.

El Concurso convocado por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, en el que se excluye expresamente a la iniciativa privada, incumple la normativa europea.

Madrid 29/04/2019.- El pasado 27 de marzo la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha publicado un concurso de creación de plazas para la atención de personas dependientes en acción concertada social específica para el Tercer Sector. En la práctica supone que todos los centros de iniciativa privada que no corresponden al Tercer Sector quedan excluidos del concierto. Resulta sorprendente que este sector, hasta ahora pacífico en el desarrollo de la colaboración público-privada, se vea alterado por una decisión arbitraria e injusta por la que excluye a todas aquellas empresas que, a lo largo de estos años, con su esfuerzo e inversión, han puesto a disposición de la Ley de Dependencia miles de plazas públicas en la Comunidad Valenciana, según afirma el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

Según un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, D. José María Gimeno Feliú, un concurso que se centra exclusivamente en empresas del Tercer Sector por el mero hecho de serlo, excluyendo al resto de la iniciativa privada vulnera la normativa europea, por lo que la FED, Federación Empresarial de la Dependencia, iniciará las acciones  dministrativas y judiciales oportunas ante la Administración, Tribunales Ordinarios y de la Competencia e Instituciones Comunitarias.

No se comprenden las razones que llevan a la Administración a convocar este concierto, según manifiesta el presidente de la FED, cuando además el precio plaza que va a pagar la Administración en este concurso va a ser superior en un 13% al que está satisfaciendo en la actualidad en las plazas de las empresas privadas, lo que demuestra una clara intencionalidad ideológica alejada del cuidado y la atención al dependiente que debe ser el objetivo en el que ha de centrarse toda acción política.

Por último, hay que señalar que lo que debería preocupar y ocupar a la Administración Pública es el coste que supone la gestión de dichas plazas y el servicio que reciben los dependientes a cambio, no quien es el que presta dicho servicio.

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